El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIM) tiene más de fondo que el cambio de sede, incluso más allá del mensaje a los empresarios neoliberales que protestan y buscan, junto a políticos hermanados en los negocios turbios, en desgastar al nuevo gobierno que está por entrar en funciones.

El 27 mayo del 2015 se reformó la Constitución, para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNAC) pero fue hasta el 18 de julio del 2016 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, a la fecha, Peña Nieto no ha nombrado al fiscal correspondiente, congelando así al SNAC, ¿por qué? ¿Será porque hay funcionarios del régimen de Peña Nieto que deben ser sometidos a investigación?

Una política pública conlleva procesos complejos y multidimensionales, en materia de anticorrupción, muestran aún mayor complejidad, porque es de aplicación transversal, según lo explica la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. En el ranking de corrupción, México ocupa el lugar 29 de 180 países, donde cero es el más corrupto, o sea que México es de los más corruptos.

La impunidad favorece a la delincuencia, tanto de las calles como a la alta criminalidad y a los feminicidios, en esta condición están casos como la casa blanca y la de Malinalco, en lo económico están los desaseos de OHL, Odebrecht y claro el nuevo Aeropuerto.

En 1995 el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la “Empresa Asesores del Medio Ambiente”, realizaron un estudio de factibilidad ambiental, del cual resultó que Texcoco era el peor sitio para un nuevo aeropuerto, ya que presentaría el mayor número de impactos adversos para el entorno del valle de México.

Este estudio coincidió con el informe de José Luis Luege Tamargo titular de la CONAGUA en época de Felipe Caderón, explicando que el principal riesgo de Construirse en Texcoco el AIM eran las inundaciones y el hundimiento en muchas zonas de la Ciudad de México, como en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Aragón dada la carencia de los drenes necesarios.

No Obstante, Peña Nieto anunció en septiembre del 2014 la construcción del AIM en Texcoco, con un costo de 169 mil millones de pesos, en más de 4 mil  626 hectáreas, la opacidad y los turbios negocios de políticos coludidos con empresarios, fue lo que distinguió a este proyecto faraónico, cuyo costo ya ascendió a 209 mil millones de pesos. Fue una decisión presidencial antidemocrática que no tomó en cuenta a la población de la cuenca del valle de México.

Gran parte de la inviabilidad es lo inadecuado del terreno, pues el agua está a medio metro de profundidad, existe una capa de arcillas blandas con un espesor de entre 12 y 40 metros que lo hacen totalmente inestable magnificando los sismos, se estima que se requieren más de 35 millones de metros cúbicos de materiales, para nivelar el terreno, la fuente de suministro serían los bancos mineros localizados, ya concesionados, de los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec e Ixtapaluca.

Cinco comunidades de Teotihuacán demandaron se detenga la extracción de materiales pétreos de la mina de Temeyo, localizada en el cerro de Ocuilan, ya que se ha propiciado una devastación ecológica afectando a más de 100 viviendas.

El AIM no es más que una evidencia del modelo económico neoliberal que se expresó en una apertura de nuestra economía, a los flujos del comercio y del capital internacional, como a la casi eliminación del Estado Mexicano como inversionista y productor directo, generándose una competitividad sustentada en el salvaje empobrecimiento laboral, hostil al trabajo de los mexicanos y favorable al capital, sobre todo al extranjero, las ganancias generadas no permearon a la población que vio incrementar su pobreza.

La corrupción llevada a niveles extremos ha sido el instrumento idóneo para acallar la falta de políticas activas, a favor de un empleo decente y un salario digno, que disminuyera la infame desigualdad.

Si la corrupción y la impunidad han sido las aliadas de un modelo económico depredador, la anti-corrupción como ingrediente estratégico de una política económica con sentido social, es imprescindible. ¿no lo cree usted?

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