Por: Roberto Morales Estrella
Economía e Innovación
¿El acceso al agua es un derecho humano?, definitivamente, si pero se ve trastocado por el proceso de transnacionalización, donde se considera que un producto alimenticio privado y no un derecho, según dijo Peter Brabeck ex Ceo de Nestlé.
Después de numerosos debates la Ley General de Aguas fue aprobada el 5 de marzo del 2015, para algunos la ley no permite la privatización del agua porque no se tocó el articulo 27 constitucional, mismo que se refiere a la propiedad nacional de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los limites del territorio nacional, si bien es cierto que las aguas nacionales no se privatizan, también es cierto que la ley General de aguas permite la participación privada en la prestación de los servicios públicos (artículos 80 y 81) referentes a la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas.
Incluso en el financiamiento según los artículos 232 y 233 fracciones II y III relativos al almacenamiento, conducción, y disposición de agua en bloque mediante infraestructura hidráulica federal, estatal, interestatal, y del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como también en el suministro de agua potable, y se reitera lo de recolección, disposición y tratamiento de agua a los usuarios finales. Claro todo ello en nombre del derecho humano al agua, planteando como objetivo en el articulo 1º estipulando el acceso de la ciudadanía a la disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Según el articulo 10 fracción XXXII el mínimo vital para consumo humano y doméstico es de 50 litros para que cubra sus necesidades, lo cual no tiene ningún sustento científico ya que la norma internacional establecida por el derecho al agua es de 100 litros, lo cual es violatorio al objetivo de la misma ley.
De igual manera es violatorio lo estipulado en el artículo 49 de la mencionada Ley, al establecer como obligatorio de las autoridades el dar agua a los asentamientos humanos, sin mencionar a las comunidades rurales indígenas cuyas concentraciones no cumplen las características de asentamientos humanos, aún que tienen derecho al agua y son las que mas la necesitan, pero no están consideradas en la obligatoriedad de abastecimiento.
Desde los sismos de 1985 en el D.F., se nos dijo que no consumiéramos agua de la llave, que hasta ese entonces eso es lo que hacíamos, se nos informó que por los sismos el agua estaba contaminada, y no se consumiera de manera directa de la llave, desde ese entonces el agua de los hidratantes de los hogares carecen de la calidad suficiente, por lo que la población se orientó primero a hervir el agua, después a usar filtros o bien a comprarla embotellada.
Los filtros no constituyeron un gran mercado pero el mercado del agua embotellada se detono, creciendo de manera inusitada; según expertos (Pacheco Vega 2015) el creciente consumo de agua embotellada en México, es resultado de un debilitamiento del marco institucional ante la presión de empresas trasnacionales del sector de bebidas carbonatadas (refrescos) que iniciaron nuevas líneas de productos con aguas de sabores y filtrada.
El fenómeno del mercado de agua embotellada no es exclusivo de México, dado que es dinámica de las empresas globales que operan diversos países, por ejemplo en el 2006 el consumo mundial de agua embotellada fue de 192.8 millones de litros y para el 2011 subió a 261.8 millones de litros, equivalente a 135.7%, en estas cifras se incluyen tanto de sabor como energéticas, de agua pura filtrada y la llamada agua ligera.
Se estima que el valor de mercado del agua embotellada en México es de más de 10 mil millones de dólares, correspondiendo el 82% a los consorcios internacionales como Coca-Cola que con Ciel capta el 25%; Danone con Bonafont le corresponde el 38% y a PepsiCo con E-pura el 19% de los ingresos que se genera en este mercado, la diferencia de 18% se lo reparten 7 mil 500 empresas pymes con baja tecnología y problemas financieros. ¿El agua es o no un derecho social?