Por: Dr. Roberto Morales Estrella
Lo que parece claro de entender, resulta complejo para algunos, para otros que lo entienden, pero no lo aceptan, porque significa dejar de percibir los beneficios de un modelo económico, donde el mercado favorece la alta rentabilidad a costa del desmantelamiento del bienestar social.
Una economía corporativa propicia las condiciones para que las inversiones logren altas rentabilidades, bajando salarios y reduciendo el gasto social, o privatizando sectores como la salud y la educación. Una economía basada en el llamado libre mercado, solo garantiza que los poseedores de la tecnología y por ende de la propiedad intelectual, dominen devorando o eliminando a los productores que no tienen asistencia técnica, ni desarrollo tecnológico, como factor estratégico de sus procesos productivos, sobre todo las mis pymes que son el 98% de la estructura productiva nacional, generando el 77% del empleo formal con prestaciones sociales.
Para que prevalezca un modelo corporativo, con efectos negativos en lo social, es necesario que las instituciones faciliten su operación, reformando las leyes creando una estructura jurídica que permita la depredación irracional de los recursos naturales, favoreciendo el patentamiento por parte de extranjeros e inhibiendo el crecimiento salarial, pero impulsando mayor concentración de la riqueza.
Desde finales de la década de los años 80s y la primera mitad de los 90s, en la negra época del salinismo, sus reformas liberaron al mercado, disminuyendo la rectoría económica por parte del Estado, favoreciendo la competencia mercantil, donde las grandes empresas, con mayor uso de tecnología, dominaron los mercados. Fue así como se creó el mercado de la gasolina de la cual importamos el 70% a pesar de ser un país productor de petróleo.
La magra regulación de los mercados propició la mercantilización de los bienes, que debieran prioritariamente satisfacer las necesidades de la población, antes que ser medios de obtención de altas rentabilidades.
A finales de los 70s el 40% del ingreso nacional correspondía al trabajo y el 60% al capital; pero siguiendo la ideología neoliberal del consenso Washington, se diseñó una política económica a partir del 2013, mediante reformas a las leyes, impulsando la concentración de la riqueza, al grado que solo seis personas tuvieran más riqueza que el 50% de la población más pobre, y la proporción del ingreso nacional cayera al 20% para el trabajo y subiera al 80% para el capital.
En contra parte se llevó a cabo el desmantelamiento de la economía social, al desatender a los sectores como la salud, la educación y afectando nuevamente los salarios, que son los más bajos de Latinoamérica; en consecuencia, el 52% de la población está en condiciones de pobreza laboral, lo que significa que su ingreso no es suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.
Las llamadas reformas estructurales abrieron al mercado los recursos energéticos, como la electricidad y los hidrocarburos, ahora el litio que ya es otro recurso en el que han puesto los ojos las trasnacionales, gracias a las concesiones que otorgaron Felipe Calderón y Peña Nieto; el objetivo de facto era eliminar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, la calidad institucional se vino abajo, al grado que el poder judicial perdió objetividad, si es que alguna vez la tuvo, para aplicar la justicia, porque se puso al servicio de los intereses de las grandes empresas, que siguen buscando la forma de dominar con criterio oligopólico estos recursos, que son estratégicos para el bienestar de los mexicanos.
Cabe señalar que México fue históricamente autosuficiente en energía, sin intervención de ninguna inversión extranjera, incluso el superávit fue amplio en el boom petrolero de los 70s, pero los gobiernos neoliberales, dilapidaron, saquearon y malversaron los recursos financieros, precarizando a estas empresas de los mexicanos, al desatender su mantenimiento, el abandono fue para las plantas hidroeléctricas, para Pemex y para la CFE, para destruirlas y desaparecerlas, cuando son capital social de todos los mexicanos.
La disputa legal y política por los energéticos como la electricidad, los hidrocarburos y el litio, es una disputa por la nación, que, de perderla, los mexicanos se empobrecerán más, ganando solo las trasnacionales y claro los jueces. Sin lugar a dudas.
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