Al concluir la ceremonia del 202 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, el presidente Enrique Peña Nieto se dirigió a los periodistas de la fuente para felicitarlos, expresando que logró “mantener el barco a flote, bien, generando empleos y creciendo económicamente… el último año (2018) va a ser de mucho trabajo, muy intenso, muy apasionado y muy entregado para cerrar con broche de oro”.
Sin embargo, la realidad no es así, veamos, de la reciente encuesta que realizó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados se desprende que 73.3 por ciento de los encuestados considera que la situación económica ha empeorado en 2017; apenas 12 por ciento expresó que había mejorado; la diferencia no opinó.
Según México ¿cómo vamos?, el indicador de la pobreza laboral muestra que 41.8 por ciento de la población del país no tiene capacidad para adquirir la canasta básica con sus ingresos laborales, la encuesta de la CESOP registra un 66.7 por ciento; los salarios de los trabajadores mexicanos son de los más bajos en Latinoamérica. En el índice de mejores trabajos en Latinoamérica, México es de los más bajos con un indicador de 50.2 por ciento, mientras que Uruguay tiene 71.1 por ciento.
El panorama que presentan las estadísticas nacionales es contradictorio, por un lado el empleo crece más de un millón, pero el producto interno bruto (PIB) disminuye de 2.9 por ciento en 2016 a 2.2 en 2017; difícilmente subirá, sobre todo porque en el tercer trimestre de este año cayó en menos 0.3 por ciento, mientras que la inflación llegó a 6.63 por ciento en noviembre y difícilmente bajará en lo que resta del año. Surge la pregunta: ¿cómo es posible que la economía baja su crecimiento y el empleo crece?
La respuesta es única: hay un registro perverso de las cifras de crecimiento del empleo, se toman como base las altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que tiene 12 modalidades de aseguramiento, entre ellas están los eventuales.
Mantener los salarios bajos mientras que la inflación sube deriva necesariamente en menor poder adquisitivo y mayor pobreza, a pesar de que el anterior secretario de Hacienda José Antonio Meade repitió hasta el cansancio que no subirían los precios, error grave de quien dirigió la política económica del país.
El salario mínimo en México es inferior a la línea de la pobreza, expresó Hugo Beteta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); el promedio de las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los salarios representan 66 por ciento de su PIB, pero en México los salarios apenas llegan a 29 por ciento de su PIB. La precariedad de los salarios es violatoria de la Constitución mexicana.
El gasto del sector público disminuyó 6.3 por ciento en los primeros 10 meses de 2017, disminución considerada como estrategia macroeconómica para obtener una mejor posición presupuestal, a costa de la investigación y el desarrollo tecnológico, como a los menores subsidios por el incremento del precio de las gasolinas.
La política económica de este régimen ha dado continuidad a todas las administraciones gubernamentales desde la década de 1980, ha arrasado la economía mexicana, que sumada a la corrupción, la paz pública ya es prácticamente inexistente; el robo, el asalto, el homicidio, las ejecuciones, las desapariciones y el narcotráfico, son parte del día a día; agréguele usted las masacres como la de Acteal, la de los 43 normalistas desaparecidos y la de Tlatlaya, donde se presume la participación de las Fuerzas Armadas. Las 23 mil 101 incidencias por homicidios dolosos hacen de este 2017 el año más violento.
No deje usted de considerar que cientos de damnificados por el terremoto del 7 de septiembre siguen viviendo en refugios provisionales por lo que su esperanza está ya quebrada, pero eso no se dice en la publicidad oficial.
Nuestros brillantes legisladores, comparsa y cómplices de la depredación a la que han sometido al país, aprobaron la Ley General de la Biodiversidad, cuyos términos instauran un plataforma para la privatización de la biodiversidad, como la venta y patentamiento de conocimientos tradicionales indígenas, y con el término “recursos genéticos” las empresas transnacionales podrán legalmente apropiarse de plantas medicinales, semillas, insectos y otros tantos elementos naturales.
No dude que nuestros chinicuiles, gusanos de maguey, escamoles y hongos con que cuenta el estado de Hidalgo pasen a ser propiedad de las transnacionales.
Pero el verdadero broche de oro del presente régimen es la Ley de Seguridad Interior, cuyo propósito no es atacar al crimen organizado y a los delincuentes, porque en una buena parte son sus cómplices, gracias a la corrupción, cuya evidencia es la impunidad.
La Ley de Seguridad Interior tiene como finalidad tácita, no explicita, el reprimir los movimientos sociales de los que no estén de acuerdo con el gobierno en turno, es contra la libertad de expresión y contra los derechos humanos, por ello es una ley golpista. ¿No lo cree usted?
