Dos titulares del Ejecutivo federal se han autoproclamado “presidente del empleo”; ponerse ese mote es una burda máscara para fingir la carencia del sentido social de su gestión presidencial, nos referimos tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto.
Desde de la década de 1980, los presidentes no han hecho otra cosa que seguir los lineamientos tácitos y explícitos del Consenso Washington, orientados a transformar todo en mercancía, más allá de los recursos económicos y financieros que por su propia naturaleza son mercancías, pero ahora también son mercancías, a través de la propiedad industrial e intelectual, la ciencia, tecnología e innovación, incluso los recursos naturales que integran la biodiversidad, sin faltar los derechos humanos y las prestaciones sociales. Desde la década de 1980, ya sean panistas o priistas, los gobiernos tienen en común el modelo económico neoliberal y depredador, manteniendo los salarios bajos como oferta para atraer inversiones extranjeras, fórmula que ya no funciona ante la reforma fiscal de Trump, quien hoy apoya el aumento de salarios a los mexicanos, para hacer menos atractivo invertir en tierras mexicanas, y con impuestos norteamericanos más bajos, llevarse los capitales a Estados Unidos (EU).
A principios de diciembre de 2017 se presentaron las iniciativas de la reforma laboral que incluyen la Ley Federal del Trabajo, como a la que se refiere al organismo encargado de registro de contratos colectivos y de conciliación.
Iniciativas que se caracterizan por ser anticonstitucionales y violatorias de convenios internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que cancela derechos laborales al dar lugar a la subcontratación vía outsourcing, proceso a cargo de un subcontratista y del patrón, por lo tanto el trabajo pasa ser una mercancía más, eliminando el derecho de huelga.
El director del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos no tiene derecho a voto, quedando el control en manos de los sindicatos CROC y CTM leales al gobierno y enemigos de los obreros, invalidándose además el artículo 78 de la Ley General de Transparencia, ya que sustituye la obligación de la autoridad de publicar y mantener actualizada la documentación contractual y sindical, cambiándola por simples índices y versiones públicas.
A petición de los dueños de las líneas aéreas hoy se limita la libertad de asociación y contratación colectiva, pero lo más grave de estas reformas es la cancelación de las garantías de aviso de despido por escrito, dejando en indefensión a los trabajadores frente a los términos otorgados por los patrones, esto significa un retroceso histórico de los derechos laborales.
En este marco legal kafkiano, vemos que en materia salarial México está en las peores condiciones, dado que los ingresos de los trabajadores registran un retroceso significativo.
El salario mínimo tiene como objetivo proteger a los trabajadores contra el pago de salarios indebidamente bajos, por lo que la política de salarios mínimos es un factor estratégico para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la reducción de la desigualdad y pobreza.
Según la OIT, en el periodo 2005-2015 la media de las mejoras salariales en las naciones latinoamericanas fue de 3.6 por ciento, pero en México fue de solo 3.0 por ciento; para el tercer trimestre de 2017, en materia de salarios reales solo Perú y México registraron una contracción de menos 1 por ciento. Mientras que en 10 años el salario en China creció en 225 por ciento, en Rusia y Turquía 45 por ciento, en México se redujo en 25 por ciento.
El salario mínimo, que entró en vigor a partir del primero de diciembre de 2017, es de 88.36 pesos, insuficiente para adquirir la canasta básica que cuesta 94.06 pesos, pero el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) Basilio González expresó que el salario mínimo sí alcanza; claro, el gana 5 mil 787.22 pesos diarios, más 21 prestaciones, entre las cuales están vehículo con todo y gasolina, gastos médicos mayores, celular, ayuda de despensa, pago por riesgo (no se vaya a caer), etcétera. Así, sí alcanza.
Cabe citar que Carlos Slim registró un aumento en su fortuna en 2017 de 12 mil 500 millones de dólares, o sea que su capital suma 67 mil millones de dólares. ¿Y los campesinos y obreros?
Eso de que se han creado 3 millones 328 mil empleos en lo que va del sexenio suena irreal, al respecto cabe reflexionar, ¿cuántos de esos empleos son realmente nuevos?, porque mientras el empleo crece, el PIB decrece, dado que el sector industrial cayó en menos 1.2 por ciento en el tercer trimestre de 2017, y en cinco años de la gestión Peñista han cerrado más de 600 mil Pymes.
Segundo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene 15 tipos de aseguramiento: cinco obligatorios y 10 voluntarios. ¿Cuántos de los que reportan como nuevos empleos ya los dieron de baja? Tercero, los precios no dejan de subir, por lo que la inflación de 6.63 por ciento ya ha deteriorado los aumentos de 80.04 y de 88.36.
Generar empleo sin calidad en remuneraciones, prestaciones sociales y seguridad es vivir en un proceso de precarización cada vez mayor, por ello autonombrarse “presidente del empleo” es una ofensa para los mexicanos. ¿No lo cree usted?