La lucha por el poder en México no solo no termina, sino que entra en un proceso de gran complejidad, los campos de batalla se diversifican y multiplican, entre ellos están los que convergen en lo económico y legislativo, en el primero se identifica la intención de profundizar el saqueo de las finanzas públicas, aplicando todos los mecanismos al alcance, persiste la estrategia de desmantelar al país propiciando la insolvencia financiera, vía la corrupción y el despilfarro, como la ineficiencia operativa.
La deuda se ha incrementado en 80% y representando el 48% del PIB, equivalente a más de 10 billones de pesos, lo pernicioso es la política de refinanciamiento de pasivos, en los mercados internacionales que ha venido aplicando Peña Nieto, vulnerando al país frente a las erráticas políticas económicas de los EU, y a la tendencia creciente de las tasas de interés de la Reserva Federal, sin dejar de considerar la devaluación de nuestra moneda, que en el 2013 era de 13 pesos por dólar y este 5 de agosto está en 18, el promedio de fluctuación es entre 18 y 21 pesos/ dólar, entre más se incrementa la deuda, se registra menor inversión, tanto pública como privada y extranjera.
Peña nieto deja a las finanzas públicas en condiciones de alta vulnerabilidad ha hipotecado al país, dado que nuestra economía es una de las que más ha afrontado crisis derivadas de las deudas. La inestabilidad macroeconómica está a la vuelta de la esquina, por ende en riesgo la estabilidad en toda la economía nacional.
Es imperiosa la necesidad de recuperar el bienestar social y disminuir la ofensiva desigualdad, lo que hace impostergable aplicar una política social para revertir el proceso de precarización salarial, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, a lo largo de 30 años, el periodo neoliberal, la capacidad adquisitiva de los trabajadores cayó el 80%; esto sucedía mientras que los más elevados salarios son para la burocracia dorada, magistrados, diputados y senadores, sumados a bonos y compensaciones y prestaciones de lujo. Mientras que en más de 10 millones de hogares mexicanos, hay niños que solo comen una vez al día.
La precariedad también está en la informalidad laboral, que llega a niveles del 57% de la Población Económicamente Activa, siendo 5 las entidades con más altas tasas: Oaxaca 80.8%, Chiapas 79.9%, Guerrero 77.2%, Hidalgo 75.2% y Puebla con 72%.
En el ámbito legislativo, está el caso de nuestro querido Estado de Hidalgo, donde la deuda muestra un crecimiento peligrosamente sostenido, en el 2000 la deuda sumaba 175.2 millones de pesos, en el 2017 llegó a 2011 millones de pesos y ahora con el decreto promulgado por el congreso del Estado, que autoriza “al titular del Ejecutivo Estatal, para realizar operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda la cual llega a más de 5 mil millones de pesos, según el séptimo considerando del mencionado decreto; se observa que la política de refinanciamiento, cuyo efecto es reducir la inversión e hipotecar las finanzas de la entidad, además de ser una práctica nacional es ya una política estatal.
El estado de Hidalgo es una entidad que se distingue por su rezago social, económico y tecnológico que se evidencia, con la gran desigualdad económica, 12 municipios aportan el 82% del PIB estatal, en tanto que 72 municipios están a nivel de autoconsumo; contamos con recursos naturales y el talento de los hidalguenses para lograr un desarrollo económico sostenible, siempre y cuando, se diseñe y aplique desde el legislativo una política social, pero con el madruguete que dieron el 31 de julio, lo de la política social se ve cuesta arriba, dado que en el artículo 98 de la reforma a la ley del Poder Legislativo del Estado, que establece “la presidencia de la junta de gobierno será ejercida en forma alternada y para cada año legislativo…”, no cabe duda que los que perdieron en las urnas seguirán luchando por reinstalar el neoliberalismo para evitar el sentido social en la función pública, “Si la represión habla y la democracia muere”. No lo cree usted?