Por: Roberto Morales Estrella
“Les devuelvo la Energía Eléctrica, que es de la Exclusiva Propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”
Palabras del entonces presidente Adolfo López Mateos, expresadas el 27 de septiembre de 1960, en el acto de la nacionalización de la Industria Eléctrica.
En su momento tanto la industria eléctrica como la petrolera fueron los principales motores del crecimiento económico de México, hoy siguen siendo estratégicas, para lograr la recuperación ante la recesión causada por la pandemia, a pesar de la alta vulnerabilidad estructural, resultado del demencial desmantelamiento neoliberal, sobre todo en la educación, la salud y los salarios propiciando que la pobreza se incrementara.
Los recursos naturales nacionales son codiciados por las grandes empresas, para privatizarlos y venderlos al mejor postor del libre mercado, dominado por los más fuertes tanto tecnológica como financieramente, no olvidemos que quien domina la propiedad intelectual, domina los mercados, por ende domina el mundo; por ejemplo las empresas digitales y farmacéuticas, tecnológicamente poderosas, dominan sus respectivos mercados, con capacidad de imponer sus condiciones, más allá de cualquier norma pública o ética, haciendo irrelevantes los derechos humanos.
La economía de mercado, con diferentes matices, basada en la privatización de toda actividad humana productiva, generadora de bienes de uso, con capacidad de intercambio, entran a los circuitos de los diversos mercados, donde son despojados de su condición de bienes satisfactores, para transformarlos en mercancías, vehículos esenciales para lograr las más altas rentabilidades financieras, propósito esencial de los grandes consorcios trasnacionales, motores de la libertad de mercado.
¿Los mercados deben desaparecer? por supuesto que no, sería un absurdo, pero debe ser regulados, para que sean los espacios de intercambio de bienes, lo que significa que las políticas empresariales que dan soporte a sus operaciones se sujeten a la autoridad pública.
Es ahí donde surge el concepto y precepto de ley, de la Rectoría del Estado, como lo estipula el artículo 25 de nuestra carta magna “Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que este sea integral y sustentable que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución”.
En el artículo 28 constitucional se lee “Corresponde a la nación la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica”
Estos postulados empatan con el concepto de “desarrollo como libertad” de Amartya Sen, premio nobel de economía 1998, que lo concibió como un proceso de expansión de las libertades, donde la educación es fundamento y determinante del crecimiento y del desarrollo, como también del bienestar social; con base a estas aportaciones se dio paso al paradigma del Desarrollo Humano; lo que implica una participación activa del Estado como rector de los procesos económicos
El planteamiento de Amartya Sen, es una respuesta a los lineamientos del llamado Consenso Washington, de Williamson, que en 1990 plantea la no intervención del Estado en la economía, reduciendo el gasto social, sobre todo en educación y salud, privilegiando la privatización de todas las actividades y la liberalización de los mercados tanto de bienes, como de energéticos y financieros, mediante una intensa desregulación, eliminando todo tipo de normas que pudieran limitar la participación de la Inversión Extranjera y de las trasnacionales.
Empresas como CFE y PEMEX son estratégicas para lograr la soberanía energética, en el entendido que son los energéticos los que permiten evaluar la evolución de una sociedad, así como evitar que los mexicanos están sujetos a los vaivenes de los intereses financieros de las trasnacionales, marcando una
ruta para lograr una plataforma que, de pauta a la transición energética sustentable, y junto al desarrollo tecnológico sean el soporte de la productividad de la estructura productiva nacional.
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