En la actual era tecnológica con la digitalización económica, política y social, resulta difícil imaginar cuantas actividades podrían realizarse sin el uso de la electricidad, el consumo de energía es proporcional al crecimiento, en las naciones desarrolladas predomina el uso, no sólo ineficiente, sino irresponsable por la generación de gases de efecto invernadero.
El mercado global de suministro de energía eléctrica, es oligopólico, ya que son 57 grandes empresas de 24 naciones que lo dominan, su capitalización bursátil supera los 18 billones de euros, siendo EU la nación que ocupa el primer lugar con 18 trasnacionales, Iberdrola ocupa la 4ª posición.
El desarrollo tecnológico, que es el determinante del crecimiento económico, requiere cada vez más de energía eléctrica, pero no a precio de mercado, sino con un sentido de inclusión social, pero a las grandes empresas solo les interesa obtener ganancias cada vez más altas, aún a costa de mayor desigualdad.
Si queremos que las economías superen los efectos de la pandemia del covid, es necesario “construir un nuevo contrato social, que privilegie la creación de valor, sobre la extracción de ganancias, que socialice tanto las recompensas como los riesgos y que invierta en la prosperidad compartida, más que en empresas” (Mariana Mazzucato (202, pp. 7-9).
Mariana Mazzucato, Directora del Instituto de Innovación y Propósito Público, analizó el comportamiento de las trasnacionales como la Biotecnología Gilead Sciences, que recibió financiamiento público para investigar y producir el antiviral remdesivir contra el covid, después de obtener la patente, la vende a más 3 mil dólares por un tratamiento de 5 días.
Las transnacionales que lucran con recursos de la sociedad, se les ubica como parasitarias, por ello la relación sector público/empresa privada, debe evolucionar hacia una relación virtuosa, sin abandonar el sentido empresarial, se beneficie a la población, sobre todo a la de menos recursos.
La condición parasitaria es la que mantuvieron las empresas trasnacionales eléctricas en México, en las pasadas décadas, en complicidad con los gobiernos de Salinas, Cedillo y sobre todo de Fox, Calderón y Peña Nieto, que privatizaron a la Cía de Luz y Fuerza, como parte del plan geo-estratégico norteamericano, para consolidar la hegemonía de EU en Latinoamérica, mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica.
Fue Miguel de la Madrid que en 1984 permitió la entrada a Iberdrola, con el pretexto de colaborar con la CFE, pero ha venido a distorsionar y depredar al Sistema eléctrico mediante la estrategia de contratos de autoabastecimiento siendo ella la que más centrales tiene, beneficiándose de subsidios por más de 65 mil mdp que debe pagarle la CFE, el privilegiar el despacho de electricidad de empresas privadas, representa un daño al país por 412 mil mdp; lo peor es que el financiamiento de sus inversiones ha salido de Nacional Financiera y de Bancomext, o sea financiamiento público para privatizar los bienes nacionales, además de abusar de las comunidades donde se asientan sus empresas eólicas dando solo un peso de los 100 que ganan, precarizandolos.
Las más de 19 mil unidades de OXXO pagan 11 centavos por kwh, mientras que las demás tiendas pagan un peso, los 5 millones de pymes pagan 5.4 pesos por kw/h en tanto que 77 mil usuarios de las centrales de autoabastecimiento controladas por Iberdrola pagan solo 1.5 pesos kw/h, ésta desigualdad lesiona fuertemente a la mayoría de los mexicanos.
La prepotencia del presidente del consejo de Iberdrola, cuando visitó al presidente López Obrador, seguramente le ocasionó la misma sensación que le generó al Presidente López Mateos en 1960, cuando un alto directivo del Banco Mundial de ese entonces, le exigió de manera altanera, que liberara los precios de las tarifas eléctricas, tal vez eso provocó lo enfático de su discurso que hoy tiene vigencia: “Les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación,…no se confíen, en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán de nuevo entregar el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros”.
La reforma eléctrica es fundamental para lograr la soberanía energética que impulse el desarrollo tecnológico y sustentable de la economía mexicana.