La economía mexicana se encuentra entre las 15 economías más grandes a nivel global, y la segunda en Latinoamérica, sin embargo, según cifras del banco Mundial, México está en el 25% de las naciones con mayor desigualdad, y el segundo en precarización, en los países que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el coeficiente de Gini es de 0.48 cuando el cero es la ausencia de desigualdad.
Según la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) México ocupa el lugar 55 en el ranking de innovación, lo que indica que nuestra economía carece de una cultura innovadora, si bien se conceden más de 16 mil patentes, más del 90% son por extranjeros, estas condiciones muestran la alta vulnerabilidad de nuestra economía y de la sociedad ante desafíos como el del agua.
“La vulnerabilidad y seguridad hídrica son dos conceptos estrechamente relacionados. La vulnerabilidad mide el riesgo y daño que los procesos biofísicos y sociales pueden ocasionar a la población y los ecosistemas. La seguridad hídrica muestra la capacidad de una sociedad para satisfacer sus necesidades básicas de agua, la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas acuáticos terrestres…” (Ávila García P.:47-57), Por lo que en buena parte las crisis del agua radica en la forma en que se gestiona.
La gestión del agua en nuestro país se fundamenta en el artículo 27 de la Constitución Política, estipulándose en el artículo 4 que el Gobierno federal es propietario de todas las fuentes de agua, reconociéndose el Derecho Humano al agua y al saneamiento. Las Leyes General de Aguas y la Federal de Derechos, regulan las disposiciones constitucionales, estableciendo los principios y mecanismos para la gestión de recursos hídricos, siendo la Comisión Nacional de Agua, la que fomenta la participación de usuarios, sociedad civil y sector privado en la gestión del vital líquido.
Los expertos del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPPC: 2022) concluyeron en la COP 26 que los factores que agravan los impactos del calentamiento, que ya llegó al 1,1C, son la falta de decisión de los políticos para cumplir con sus compromisos y la creciente privatización del agua.
En el caso de México, a partir de los sismos del 85, se detonó el mercado del agua embotellada que ha venido creciendo aceleradamente, como resultado, en gran medida a la debilidad institucional, ya que cedieron ante los intereses mercantilistas de las trasnacionales, ya sea por presión o contubernio, derivando en el dominio del mercado del agua embotellada y carbonatada (refrescos).
En Querétaro el Congreso de diputados panistas aprobaron la privatización del servicio del agua potable, serán las empresas las encargadas de otorgar y cobrar a los ciudadanos, la distribución, drenaje y la obra hidráulica, la explicación son las economías de escala, cuando lo que pretenden las trasnacionales es monopolizar la mercantilización de recursos fundamentales para la vida.
La empresa Aguas de Barcelona llegó a México para administrar el agua en Saltillo Coahuila, el pretexto fue garantizar la accesibilidad al agua, para ello modificaron las leyes que les obstaculizan, hoy enfrentan sequía. Esta empresa controla tres cuencas en el territorio mexicano, cuya concesión es por tres décadas,
Los Cabos Baja California, registra un déficit de 400 litros de agua por segundo; en Tamaulipas los recibos del agua llegan a las casas pero el agua no; la infraestructura de distribución ni se le da mantenimiento, ni se amplía, aunque la población sigue creciendo; se decidió construir una línea de abastecimiento en 2018, pero el Gobernador saliente Cabeza de Vaca canceló la obra.
En la ciudad de México el consumo de agua de las colonias populares, es en promedio de 21 mil litros por bimestre, en tanto que en los predios de alta plusvalía supera los 93 mil.
Tal parece que el agua está a punto de hacer la diferencia entre el bienestar y la precarización, de caer de manera total en manos de los monopolios trasnacionales, será la diferencia entre la vida y la muerte por sed. La peor de las desigualdades, es la desigualdad en el acceso al agua, hoy considerada una mercancía, cuando es un derecho humano.
La Privatización del Agua Avanza en Detrimento de la Sociedad