¿Por qué después de numerosos foros y planteamientos de notables investigadores, académicos y personajes del sector empresarial, no se ha promulgado la nueva “ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación” cuyo anteproyecto dejó listo la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXIV legislatura?
No se sabe con precisión el ¿porqué? Pero lo que sí es claro es la tendencia elitista antinacional y falta de sentido social, de la ley de Ciencia y Tecnología promulgada en el 2002, cuyo contenido se le atribuye a la dupla Fox-Calderón, dejando en manos de las grandes empresas, sobre todo extranjeras, sin faltar algunas nacionales, la conducción de la ciencia y la tecnología nacional, como de la educación superior, con una clara intención de su privatización.
¿Acaso eso explica el que, el 95% de las patentes concedidas en México sea a extranjeros? ¿A qué se debe que el campo sea de baja productividad? ¿Porqué la investigación en las universidades públicas ha sido relegada? Mientras que Centros Públicos de Investigación centraron sus esfuerzos hacia a las trasnacionales.
El criterio corporativista del quehacer científico-tecnológico nacional, se orientó a impulsar la alta rentabilidad de corporaciones como Intel, Cumins, volkswaguen y Monsanto a quienes se les transfirieron recursos a fondo perdido por, 200, 61, 132, y 21 millones de pesos respectivamente.
Como lo menciona Hugo Aboites, Salinas de Gortari, estableció pagos extraordinarios a los que él llamó los mejores investigadores, propiciando, con ello, la formación de un grupo de privilegiados, cuyo objetivo era lograr un gradual distanciamiento del sentido social de las instituciones públicas, para que atiendan a las grandes empresas trasnacionales.
Esta distorsión de la política de Ciencia y Tecnología, corresponde con la tendencia global de consolidación del proceso, que las grandes corporaciones trasnacionales han impuesto, para el traslado de la ciencia pública y social a su servicio, donde los objetivos de la investigación están centrados a incrementar la rentabilidad financiera y a la apropiación de los mercados, imponiendo precios y condiciones de entrada, permanencia y salida a nivel global.
La baja generación de conocimiento codificado (protegido) por los Centros Públicos de Investigación y por las Universidades Públicas, ubica a la economía nacional en una alta vulnerabilidad que se ha evidenciado con la pandemia, somos usuarios y no productores de tecnología, por lo que las pymes y los pequeños productores del campo se caracterizan por su baja productividad.
Nuestra dependencia tecnológica deriva en nuestra dependencia económica, para muestra un botón: son cuatro los granos básicos de nuestra alimentación, en el 2020 el consumo aparente (después de la importación y exportación) del maíz sumaron 42 millones de toneladas (mt), de las cuales el 37,2% fueron importadas; del trigo se consumieron 6,7 mt, siendo el 61,5% de importación, del frijol, que hoy se consume menos por el cambio de patrones de consumo, impuestos por la cultura transnacional, se consumieron 1,2 mt comportándose el 12,6%; del arroz el consumo fue de 1,6 mt, habiéndose importado el 83,3%. La producción de estos alimentos básicos está prácticamente estancada.
Al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), siendo una asociación civil, se le asignaron 571 mdp de los cuales solo 100 se aplicaron a proyectos científicos, según la Fiscalía y de acuerdo a una denuncia, existe la presunción de posibles irregularidades, que deben investigarse; los 31 imputados denunciaron una persecución con motivo de sus labores científicas y académicas.
La situación es sumamente delicada, sin dejar de reconocerles sus méritos científicos y académicos, como la presunción de inocencia a la que todo ciudadano tiene derecho, también es cierto que por ser científicos no son inmunes; si algo se tiene que investigar que se investigue, y en caso de ser inocentes que se les exonere reconociéndose sus derechos y prestigio, pero si hay algo que sancionar, que se aplique la ley respetando sus derechos humanos.
Independientemente de los resultados de estos procesos, el desafío para todos los mexicanos y sobretodo para las instituciones públicas, principalmente para las universidades públicas, es cerrar la brecha del rezago tecnológico que padecemos, de no superarla estaremos condenados al subdesarrollo, a mayor desigualdad y a la profundización de la pobreza.