Es bien sabido que la nueva generación de redes móviles transformará la forma de vida del ser humano, pues se trata de una revolución digital-industrial que si se aprovecha traerá beneficios directamente relacionados con el crecimiento económico del país.
Apenas ayer el presidente interino del órgano regulador mexicano, Adolfo Cuevas, anunció que en menos de dos semanas se reunirá con la industria de telecomunicaciones y tecnologías de la información, como la AMITI y la CANIETI, para trazar juntos una ruta para acelerar el desarrollo del 5G.
Cuevas aseguró que tratarán propuestas como un Sandbox Regulatorio, que es nada más y nada menos que un proceso para realizar pruebas controladas de servicios y tecnología sin restricciones regulatorias.
Si se logra llegar a un acuerdo de pronta implementación, esta práctica será muy importante para que México pise el acelerador del 5G, pues en América Latina no será el primero ya que Colombia recientemente lanzó su convocatoria de Sandbox para que interesados presenten proyectos sobre Internet de las Cosas, Ciudades Inteligentes, Inteligencia Artificial, y todo lo que tenga que ver con servicios innovadores que utilicen redes de última generación.
Está claro que en el IFT entienden perfecto la importancia de apresurar y fomentar el desarrollo de las redes 5G; sin embargo, el que así ocurra no depende por completo del regulador, por lo que ese sueño de un México innovador con el uso de la quinta generación de redes, podría quedarse en eso: sólo un sueño.
En el foro “Hacia un camino 5G en México” organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África del Senado de México, la petición a los legisladores y al Poder Ejecutivo por parte del propio Adolfo Cuevas, especialistas, y representantes empresariales fue clara: si desde el gobierno federal no hay un cambio de rumbo que fomente las inversiones en lugar de disminuirlas con barreras, como el alto costo del espectro, México quedará relegado de la nueva revolución tecnológica y por lo tanto de los beneficios económicos.
El tema se puso sobre los escritorios de los legisladores, por lo que no tienen pretexto de desconocer los beneficios al decidir impulsar el desarrollo de las nuevas redes móviles.
Se les explicó claramente que hablar de 5G no significa únicamente pensar en una red 100 veces más veloz que las actuales 4G, sino conlleva un giro de 180 grados para industrias como la automotriz, minería, energía, salud, educativa, por mencionar algunas.
Es más, los legisladores escucharon en voz de la experiencia por parte de empresas de China, Corea del Sur, Japón y Emiratos Árabes Unidos los beneficios directos que les ha dado el 5G a sus ciudadanos.
Dichos países ya tienen millones de usuarios conectados a estas redes y cuentan con servicios como educación a distancia a través de realidad virtual, cirugías a distancia que usan robots, ciudades inteligentes, por mencionar algunos.
Adolfo Cuevas mencionó que en 2021 pondrán a licitación casi 100 MHz para 5G; en 2022 otros poco más de 100 MHz en diversas bandas, y en 2023 otro tanto más.
El IFT está haciendo su chamba, incluso introduciendo en las licitaciones obligaciones de cobertura para zonas en donde no podría haber interés comercial.
Pero de nuevo, el esfuerzo del órgano regulador podría ser insuficiente si el gobierno federal no entiende que las redes 5G necesitan de gran cantidad de espectro y gran cantidad de antenas desplegadas por todos lados para garantizar las capacidades de quinta generación, lo que significa inversiones cuantiosas.
Debe entender que pensar el espectro como medio recaudatorio simplemente va a retrasar el despliegue del 5G, y aunque gane en ingresos directos a las arcas hacendarias, perderá mucho más en lo que podría recaudar de manera indirecta gracias a que otras industrias utilicen la nueva tecnología.
En pocas palabras, mientras más rápido se despliegue 5G en México, más rápido crecerán otras industrias gracias a su adopción, y por lo tanto la economía del país también.
El Gobierno ha decidido apostar al corto plazo con ingresos directos del costo anual del espectro, pero los beneficios de reducir dicha obligación sin duda le alcanzaría al sexenio de Andrés Manuel López Obrador para ver beneficios inmediatos, aunque él claramente lo duda.
Por todo ello, no sólo depende del IFT.
C$T-GM