El parlamento de Francia aprobó este jueves 11 de julio un impuesto a las empresas tecnológicas,  por medio de una ley que desafía la investigación abierta por Estados Unidos que amenaza con represalias.

La nueva ley pretende acabar con una brecha fiscal, por la que algunos de los pesos pesados de internet pagan muy poco en países donde obtienen muchos beneficios.

La legislación, llamada “tasa GAFA” (un acrónimo para referirse a Google, Apple, Facebook y Amazon), fue aprobada por un último voto a mano alzada en el Senado después de haber pasado previamente por la cámara baja.

Pero la decisión francesa generó una dura respuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, incluso antes de que se aprobara la ley, que ordenó una investigación, algo que el ministro francés de Economía calificó de hecho sin precedentes en la historia de las relaciones entre ambos países.

La investigación, en función de sus conclusiones, podría provocar medidas de represalia estadounidenses.

La idea es imponer una tasa del 3% sobre los ingresos de las mayores empresas tecnológicas que dan servicios a los consumidores franceses.

El impuesto, que debería recaudar unos 400 millones de euros (450 millones de dólares) en 2019 y 650 millones (732 millones de dólares) en 2020, debería aplicarse a una treintena de grupos empresariales, muchos de ellos estadounidenses pero no únicamente.

“A Estados Unidos le preocupa mucho que los impuestos por los servicios digitales, que se espera que sean aprobados por el Senado francés mañana, se dirijan de manera injusta a las empresas estadounidenses”, había declarado en un comunicado el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer.

Pero el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, rechazó la reacción estadounidense el jueves, y declaró que las “amenazas” no eran la manera de resolver tales diferencias.

“Entre aliados debemos y podemos solucionar nuestra diferencias de otra forma que con amenazas”, dijo ante el Senado francés.

“Francia es un Estado soberano, decide soberanamente sus disposiciones fiscales y seguirá decidiendo soberanamente sus decisiones fiscales”, añadió.

¿Prácticas comerciales desleales?

Le Maire afirmó que le avisaron de la investigación (abierta bajo el artículo “Section 301” de la ley del comercio) durante una “larga conversación” con el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, el miércoles.

El ministro señaló que era la primera vez que se daba este paso en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Francia.

El artículo “Section 301” es la herramienta principal que la administración Trump usó en la guerra comercial con China para justificar los aranceles contra lo que Estados Unidos calificó de prácticas comerciales desleales.

El mes pasado, durante la cumbre del G20 en Japón, los ministros de Finanzas mundiales acordaron que había una necesidad urgente de encontrar un sistema global para tasar a los gigantes de internet como Google y Facebook, pero discreparon sobre en la forma.

Celebraron en cambio una serie de medidas propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Multiplicaremos nuestros esfuerzos para encontrar una solución común con un informe final para 2020”, declararon en un comunicado.

Washington ha presionado al G20 para que se alcance un acuerdo global sobre impuestos.

Google apoya la medida y cree que esto significaría que los gigantes tecnológicos de Silicon Valley pagarían menos tasas en Estados Unidos y más en otras jurisdicciones, saliendo así de la práctica establecida de pagar más impuestos en el país de origen de una compañía.

La investigación “Section 301”, dirigida por la oficina del representante de Comercio estadounidense, dijo que realizaría audiencias públicas sobre la medida fiscal francesa durante varias semanas antes de publicar un informe final.

La medida fue aplaudida por la Computer & Communications Industry Association (CCIA), que estimó que la ley francesa podría requerir de manera retroactiva a los gigantes estadounidenses de internet entregar un porcentaje de sus ingresos, contando desde principios de 2019.

Fuente: El Economista