La comunidad científica rechaza la Ley de Ciencia

La iniciativa de Ley de Ciencia, propuesta la semana pasada por la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera —quien no pertenece a la comisión correspondiente— sería un retroceso en el sector, puesto que centraliza la toma de decisiones en un solo órgano, “Conahcyt”; desaparece organismos para la definición de la política y consultas en el sector; desaparece los comités intersecretariales; propicia mecanismos de consulta ad hoc e ignora la opinión de la comunidad científica, entre otros, señala un documento publicado en respuesta a la iniciativa, firmado por la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), la cual concentra a las academias de Ciencias (AMC), Medicina, Ingeniería, además de la ANUIES, centros Conacyt, cámaras de comercio, Cinvestav, IPN, UNAM, entre otros actores del sistema de ciencia, tecnología  e innovación (CTI) del país.

“La iniciativa de reforma en comento parte del supuesto de que se requiere un cambio de raíz y de una renovación jurídico institucional muy amplia. Consideramos que la ley vigente tiene un sentido mucho más completo que el que se plantea y que, aunque es perfectible, responde a la necesidad de crear mecanismos que aseguren una participación incluyente del sector de CTI en el diseño de la política pública”, señala el documento.

MANDO TOTAL. Sobre la centralización de las funciones del Conahcyt, al que se le agregaría la H para incluir a las humanidades, la propuesta concentra la toma de decisiones del sistema en la institución; desde la composición de su Junta de Gobierno, hasta la autoridad que le otorga a la Dirección General.

“Desaparece el Consejo General de CTI, y en su lugar queda la Junta de Gobierno del Consejo, donde concurren la Presidencia de la República y Secretarías de Estado. Se elimina la participación de todos los demás actores no gubernamentales que hoy son parte del Consejo General (FCCyT, Academia Mexicana de Ciencias, la ANUIES, la Rednacecyt, consejeros representantes de los investigadores y del sector productivo, entre otros). La Junta de Gobierno operaría así al margen del sistema que pretende gobernar. No es claro que sea procedente que la Dirección General del Conahcyt pueda presidir un Consejo formado por Secretarías de Estado, actuando como juez y parte”.

En relación a los Centros Públicos de Investigación (Centros Conacyt) en la propuesta se puede decretar su desaparición como tales a juicio unilateral de la Junta de Gobierno de la institución y aunque la ley mantiene formalmente la autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa de los Centros, “en la práctica queda eliminada y hay una injerencia en su funcionamiento interno desde la dirección del  Conahcyt, incluyendo los procesos para nombrar y remover a los titulares de cada Centro Conacyt, así como a sus respectivos representantes legales”.

La propuesta implica la desaparición del FCCyT, del Consejo Consultivo de Ciencias, de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República, y deja al Conahcyt como el único interlocutor del sector CTI del país con el gobierno federal, añade el documento. Desaparecen también la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual establece la relación con los organismos estatales y la relación orgánica con la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).

De acuerdo con el rector de la UNAM, Enrique Graue, si bien existen “órganos colegiados de más, hay que mantener a aquellos que tienen representación con el sector de CTI”, dijo ayer antes del inicio del Consejo Universitario en la Antigua Escuela de Medicina. “Aún es una iniciativa y la Universidad fijará su postura al respecto”.

En agosto del año pasado, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asistió al Palacio de Minería a un encuentro con la comunidad científica, académica y empresarial vinculada con el sector.

De mano del rector de la UNAM, Enrique Graue, se le entregó el documento Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024, una hoja de ruta sobre el sector para los próximos años, propuesta en consenso por diferentes instituciones del país.

En la iniciativa propuesta por Ana Lilia Rivera, este documento es desestimado puesto que es una propuesta con visión “corporativa y privada” que no cumple con las necesidades que requiere el país. “El documento fue un consenso de 72 instituciones relacionadas con el sistema de ciencia, tecnología e innovación”, dijo ayer el rector. “Éste se presentó para el análisis de las autoridades federales y sé que el documento fue tomado en cuenta en los proyectos actuales del Consejo”.

ANTIDEMOCRÁTICO. El texto agrega que los mecanismos de consulta con la comunidad académica, hoy normados en buena medida por la interacción en el Consejo General y el FCCyT, son sustituidos por foros de consulta ad hoc, nombrados por el Conahcyt con atribuciones, funciones y financiamiento definido por el mismo, en un claro conflicto de interés y desempeño como juez y parte. “No hay un mecanismo en la propuesta para definir estos foros ni su funcionamiento”.

Sobre la concentración de atribuciones del Conahcyt, el documento refiere que desaparece los comités intersecretariales, preside los comités de los fondos, designa a los evaluadores de los proyectos y propuestas sin tomar en cuenta a las secretarías de Estado y a los gobiernos estatales.

“La Ley de Bioseguridad y de Organismos Genéticamente Modificados es absorbida dentro de la propuesta y las funciones de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad quedan completamente a cargo del Conahcyt, excluyendo la participación de las Secretarías de Salud, Sader y Semarnat”.

El consejo se convertiría además en el único órgano de consulta para asesorar a todos los poderes de la federación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a todos los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en materia de generación de conocimiento.

La propuesta contempla la posibilidad de que el Conahcyt prohíba, limite o cancele programas, proyectos y actividades de investigación, y que suspenda el régimen de patentes, para aquellas líneas que sean consideradas unilateralmente como riesgosas por la dirección general del consejo.

De acuerdo con William Lee, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, la investigación es un proceso deliberativo, de discusión, contraste de ideas y creatividad que requiere de una discusión colectiva entre actores, dentro y fuera del gobierno, con el sector social, privado y académico. “La iniciativa de ley, al centralizar tantas acciones en una sola instancia (Conahcyt) no ayuda al desarrollo que el país necesita”.

El astrofísico señala que la propuesta no ayuda a aprovechar las capacidades del sistema de CTI en el país, “al contrario es un retroceso, puesto que por su naturaleza la investigación y generación de conocimiento funciona mejor de forma distribuida, y la propuesta tiene un fuerte componente de centralización que desde mi punto de vista, la hace menos eficiente”.

Dijo además que sin duda hay que mantener una vigilancia administrativa sobre el uso de los recursos en el sector, “nadie está en contra de esto, pero la vigilancia administrativa nada tiene que ver con la vigilancia operativa y de iniciativas de desarrollo. Son cosas completamente distintas”.

EXHORTO AL LEGISLATIVO. Finalmente, el documento enfatiza que la iniciativa propuesta por la senadora tlaxcalteca —quien agradeció “la colaboración de Conacyt y de asesores que técnicamente contribuyeron en todo momento para la su elaboración…”, dijo en su presentación el viernes pasado—, no consultó a la comunidad relacionada con el sector.

“La iniciativa fue presentada al Congreso de la Unión sin una discusión con la comunidad de CTI en el país, ya sea a través de los Centros Públicos de Investigación, de las Universidades e Instituciones de Educación Superior, o de las numerosas agrupaciones académicas reconocidas en la ley y en diversos órganos colegiados del sistema, particularmente el FCCyT y las Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina, entre otras.

“Finalmente, los espacios de consulta y participación de las comunidades académicas y tecnológicas y de los sectores sociales y privado resultan cruciales para el futuro de la ciencia y la tecnología del país. Por ello exhortamos al Senado de la República a iniciar un diálogo constructivo e incluyente para acordar una ley que contribuya al desarrollo y bienestar de México”.

La coordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña, señaló que cada institución miembro de su mesa directiva revisó con sus abogados el documento, para luego unir la información y  consensuar sus conclusiones.

En entrevista, señaló que el texto, disponible en su página web es un resumen y que se elaborará una serie de documentos que fortalezcan estas posiciones que expondrán ante legisladores, organismos relacionados con el sector y sociedad en general. Agregó que también pondrán en línea una plataforma donde la comunidad científica opine y participe, “porque buscamos consensos y mejoras a la ley”.

William Lee enfatizó que la sola presentación de la ley no es resultado de un proceso de discusión con la comunidad científica y los demás actores, entonces “no debería ser aprobada en esos términos”, sino con una amplia discusión que lleve a una propuesta presentada y a consideración del Congreso.

Tagüeña dijo además que si bien la ley actual, que data del 2002, es mejorable, es una base importante de los logros que ha obtenido el sector en los últimos años. “Hay cosas que se han hecho bien y podemos construir sobre esto, hay logros que deben ser fortalecidos, como el FCCyT, un espacio donde confluyen todos los actores. El sector de CTI es multifacético y se tiene que tomar en cuenta a todas las voces”.

Destacó que la postura más importante sobre la iniciativa del sector es que se consulte a la comunidad de CTI, que se escuche su voz y opine. “Por eso exhortamos al Congreso a que nos reuna, escuche y consulte”.

Fuente: Cronica