Los detenidos con prisión domiciliaria y con beneficios de salidas transitorias otorgados por juzgados federales serán vigilados con una mayor tecnología de geolocalización para seguir sus movimientos a partir de un cambio en el sistema de monitoreo. El Ministerio de Justicia presentó ayer el nuevo centro de control, que podrá determinar con más precisión los movimientos de los usuarios de las 1200 tobilleras electrónicas que están bajo su custodia.
“El programa tiene dos ejes: el monitoreo de los detenidos con prisión domiciliaria y el seguimiento de los casos de violencia de género. El Estado le está dando a las provincias esta herramienta de avanzada que funciona muy bien en otros países, como España y Uruguay”, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, al inaugurar ayer el centro de monitoreo a nivel nacional que fue instalado en Puerto Madero.
Los dispositivos utilizados para controlar los movimientos de los detenidos cuentan con un geolocalizador que transmite en forma permanente la ubicación. En el Gobierno se decidió avanzar sobre esta modalidad más precisa de detenciones controladas en forma remota por el incremento de la población carcelaria que cumple arrestos domiciliarios.
Aumento de dispositivos
Según explicaron en el ministerio, en junio de 2015, cuando se comenzó este sistema de tobilleras electrónicas, había 44 dispositivos de última tecnología, pero esa cantidad aumentó en enero de este año a 1200. Aunque aclararon los funcionarios que hoy están activas 760 tobilleras y estiman que la cifra aumentará por la capacitación que reciben los jueces federales sobre las oportunidades que tiene esta modalidad de detención.
“Hay dos clases de dispositivos para el seguimiento de los detenidos. La tobillera se usa siempre. Lo que cambia según el tipo de beneficio que ordene la Justicia es la llamada unidad de monitoreo ambulatoria que se utiliza para las prisiones domiciliarias o el rastreador GPS, para los beneficios como excarcelaciones transitorias”, explicó la directora de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, Mariel Viladrich.
“Es la primera vez que hay un programa federal de este alcance, donde el gobierno nacional ayuda a las provincias con la entrega de estos dispositivos que dan una solución novedosa y de avanzada”, dijo Garavano en el nuevo centro de monitoreo que funciona en la sede Costanera Sur del Ministerio de Justicia, y que cuenta, además, con un equipo de 35 psicólogos y trabajadores sociales abocados a la integración social de los detenidos. También prestan funciones 12 operadores, un departamento jurídico y otro especializado en estadísticas e informes.
Las tobilleras son utilizadas por condenados que cumplen arresto domiciliario y procesados con prisión preventiva que están monitoreados todo el día a pedido de la Justicia. El centro permite hacer ese seguimiento y da aviso inmediato a las fuerzas de seguridad si se detecta la violación del perímetro determinado por un juez. Además, permite poner en marcha un programa de readaptación social para evitar la reincidencia, según explicaron.
“La implementación se determina por la orden judicial. Lo que hace el Poder Ejecutivo es brindarle una herramienta a la Justicia para que cumpla con sus decisiones. Acá participaron jueces federales muy prestigiosos, jueces de la Cámara de Casación, jueces de Ejecución Penal, que son los que nos están dando las órdenes para que nosotros tengamos un monitoreo sobre esas personas”, dijo Garavano, que estuvo acompañado por los jueces federales Daniel Rafecas, Julián Ercolini y Sebastián Casanello.
Y agregó: “Cada provincia tiene su réplica de oficina de monitoreo y todo esto financiado por el Ministerio de Justicia. Hemos dado la capacidad técnica y la estrategia para abordar esto como un real cambio. Esto que sea transformó realmente en una herramienta de cumplimiento de pena, que por un lado garantiza los derechos, pero por otro garantiza la tranquilidad de la ciudadanía”.
Para la asignación de tobilleras, los juzgados de todo el país siguen un protocolo que tiene como prioridad a las mujeres detenidas que cuentan con un embarazo en curso, luego a madres con niños menores de cinco años, a enfermos en período terminal o cuando el encierro carcelario les impida recuperarse, a personas con discapacidad, a los mayores de 70 años y a aquellos que sean considerados de baja peligrosidad.
La implementación de estas nuevas tecnologías en el sistema penitenciario federal, según relataron, se enmarca dentro del programa “Justicia 2020”, que es una plataforma digital que se propone mejorar el servicio judicial.
Fuente: La Nación