El pasado ocho de febrero la senadora Ana Lilia Rivera, miembro del grupo parlamentario de MORENA, propuso una iniciativa para reformar la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, misma que fue redactada sin la opinión o asesoría de la comunidad científica. Es una iniciativa preocupante porque plantea el control del Estado sobre la agenda de generación del conocimiento científico nacional. El riesgo de la iniciativa no es obvio, pero es claro, si además del articulado se toma en cuenta el contenido de la exposición de motivos.

La propuesta pareciera estar especialmente concentrada en la aprobación de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados y en reorientar hacia el “sector público y social” la asignación de los recursos disponibles para la investigación científica. Sin embargo, una lectura detallada permite alertar sobre la intención de dirigir la orientación de la investigación científica, de establecer una política gubernamental y de no instituir una política pública, independiente del gobierno en turno. Es decir, la propuesta gubernamental es absolutamente contraria al planteamiento que han hecho los académicos (Véase “Hacia la consolidación y desarrollo de Políticas Públicas en CTI” y Declaratoria del conversatorio en la Cámara de Diputados).

La iniciativa propone “la renovación de los mecanismos e instrumentos de fomento y apoyo a las humanidades, las ciencias y las tecnologías”, así como “la recomposición de los órganos de decisión y ejecución del Sistema (Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías) y la consiguiente concentración en el Consejo de funciones y atribuciones estratégicas, hasta ahora dispersas en los múltiples órganos del Sistema y diversas instancias de la Administración Pública Federal”, . En este contexto, el CONAHCYT será la entidad asesora del Presidente de la República y de las dependencias y entidades que conforman la administración pública en materia de investigación y desarrollo tecnológico, pero, paradójicamente, para cumplir esta función, no se apoyará en las instancias formadas por científicos y estudiosos de las humanidades, sino en una junta de gobierno constituida por servidores públicos de la administración federal.

De acuerdo con el artículo 33, el Programa Especial de Humanidades, Ciencias y Tecnologías se redactará con base en las propuestas que presenten “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que apoyen o realicen investigación y desarrollo tecnológico”. De esta manera, el consejo, su junta de gobierno y las dependencias de la administración pública constituyen el núcleo que decidirá el curso de las investigaciones, sin tomar en cuenta al grueso de los investigadores del país. Además, la actividad de investigación y desarrollo tecnológico de dichas dependencias “se orientará necesariamente a procurar la identificación y solución de problemas sociales prioritarios”. Preocupa el uso del adverbio “necesariamente”, por el impacto que puede tener sobre la agenda científica nacional el que los proyectos sean evaluados por este criterio, antes que por su calidad y competitividad internacional.

Además, aunque la ley prevé que el CONAHCYT “promoverá procesos participativos, incluyentes, plurales y transparentes que permitan definir prioridades”, y habla de fomentar y proteger “las diversas formas sociales del conocimiento humano, incluyendo la celebración de procedimientos de consulta previa con pueblos y comunidades indígenas y equiparables que sean pertinentes”, esta referencia no alude directamente a los sectores que se dedican a la investigación y que llevan un camino recorrido para resolver problemas, pareciera más bien, en el marco de lo expresado en la exposición de motivos, un llamado a la legitimación de las consultas abiertas, en las que “todos los sectores participarán” para confirmar los proyectos prioritarios elegidos por el gobierno, quien está facultado para dar los apoyos económicos. Además de estos ejercicios de “participación amplia”, se habla de una forma de consulta que se ajustaría a cada situación, de acuerdo con el artículo 51, que prevé la posibilidad de llevar a cabo foros con una organización flexible, “que responda a las necesidades de cada caso”. Esto introduciría consideraciones políticas al área que probablemente menos debiera inscribirse en esa lógica.

Otro de los problemas que se desprende del texto es la relación de los Centros Públicos de Investigación con el CONAHCYT. La iniciativa de ley señala que los CPI gozarán de autonomía, pero establece que el encargado de regular su reconocimiento es el CONAHCYT, así como de prever cómo deben alinearse para su gestión administrativa y de contemplar los mecanismos para coordinarlos. Los CPI se perfilan como los centros idóneos para crear a los nuevos grupos, centros y redes de investigación que tendrían como objeto sustentar los proyectos prioritarios de acuerdo con la política estatal.

Un tema importante es que el CONAHCYT “promoverá una política integral de armonización normativa vinculante para los centros públicos de investigación por él coordinados”, “podrá integrar los comités de armonización que considere adecuados” y podrá determinar que tendrán una orientación nacional estratégica. No se menciona al sistema nacional de CPI, pero sí se manifiesta la injerencia que el CONAHCYT puede tener en los reglamentos de los centros e, incluso, se le reconoce la capacidad que tiene de decidir sobre su existencia cuando no se ajusten a los programas sectoriales respectivos .

Por las repercusiones en la orientación de la investigación y en la definición de lo que es el conocimiento, por la concentración de las decisiones y la injerencia en el funcionamiento de los centros públicos de investigación que muestra la iniciativa de ley, es necesario analizarla con cuidado y advertir de sus posibles implicaciones. Es importante que la comunidad científica, además de enfocarse a “impulsar una agenda de Ciencia, Tecnología e Investigación (CTI)”, examine a detalle la ley, que sigue su proceso para ser aprobada en el Senado. Hace falta una oposición mayor de la comunidad científica, con un activismo claro y articulado en sus propuestas, concreto en el señalamiento de qué medidas repercuten en la pérdida de lo logrado, de cuáles afectan al futuro de la investigación, al medio ambiente, al desarrollo. Un activismo que requiere del apoyo amplio de muchos sectores.

Finalmente, no puede soslayarse que, a pesar de no ser miembro de la Comisión de Ciencia, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, preside la Comisión de Estudios Legislativos, una de las comisiones con más poder de agenda de la Cámara. La altísima probabilidad que la ley tiene de ser aprobada es lo que hace muy preocupante esta propuesta.

* Laura Muñoz es Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, Profesora-investigadora de tiempo completo en el Instituto Mora, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, de la que fue presidenta y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

Fuente: Animal Politico

Comenta:

Comentarios


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *